campo santo campo yermo

Campo santo, campo yermo

Beatriz Anchorena (Grupo Perú). 04/02/16

Durante la primera presidencia de Roca (1880- 1886), se consolidó en Argentina un modelo primario agroexportador, vinculado a Gran Bretaña, en esa época, la principal potencia mundial. Sin embargo, recién en el año 1898 tiene lugar la creación del Ministerio de Agricultura de la Nación. El primer ministro del área fue Emilio Frers, abogado porteño que no ejercía su profesión pero se dedicaba a la agricultura y la cría de ganado en el campo de su padre.

Emilio Frers fue, en dos oportunidades, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Su hermano menor, Julián, también ejerció la presidencia de tan influyente asociación patronal. La SRA fue fundada en 1866, dos décadas antes de la creación del Ministerio. Se comprende, entonces, que se afirme que en los hechos el ministerio de agricultura en nuestro país era la Sociedad Rural.

El área de política agropecuaria, dada la preeminencia del modelo agroexportador, fue una plaza históricamente representativa del fenómeno de colonización del Estado por parte de las corporaciones.

El manejo de la política agropecuaria nacional, desde los sectores más tradicionales del campo, asentados en la pampa húmeda, atravesó toda la historia moderna argentina. Y se valió tanto de la presión desde afuera, del poder económico, como de la colocación de sus hombres en el propio ministerio encargado de su conducción formal.

El área de política agropecuaria, dada la preeminencia del modelo agroexportador, fue una plaza históricamente representativa del fenómeno de colonización del Estado por parte de las corporaciones.

Los momentos de mayor tensión tuvieron lugar a lo largo de los gobiernos populares. Durante el peronismo, por ejemplo, si bien Juan Carlos Picazo Elordy pertenecía a la SRA y su sucesor en la cartera, Carlos Alberto Emery, a la Asociación de Criadores de Ganado Holando Argentino, la política sectorial se caracterizó por una fuerte autonomía respecto de las patronales del campo. El peronismo llevó adelante una política agropecuaria muchas veces zigzagueante pero en la que las decisiones fundamentales descansaban en el poder político, con relativa independencia de las presiones de los diversos actores: propietarios, arrendatarios y peones. Por eso el intento de influir se ejercía desde afuera: el entonces presidente de la SRA, José Alfredo Martínez de Hoz (hijo del fundador de la SRA y papá del celebre ministro de economía de Videla, alias Joe) no perdía oportunidad para quejarse de la situación del campo y exigir políticas que lo favorecieran. Ya se habían opuesto al Estatuto del Peón y habían llevado a cabo un lockout patronal en contra del aguinaldo.

Todos recordamos los silbidos de los ganaderos, en la Exposición de la SRA, a lo largo del discurso del presidente Raúl Alfonsín, en 1988. La queja era por las retenciones que había repuesto el gobierno radical y por el reclamo de un dólar libre. Los silbidos remiten al abucheo que recibió, en similar ocasión, el ministro de agricultura de Yrigoyen, apenas seis días antes del golpe de Uriburu. Los motivos de la queja recuerdan los reclamos al gobierno de CFK, durante el conflicto del 2008.

Los gobiernos que más férreamente resistieron la colonización del Estado en el área, así como cualquier tipo de injerencia de las organizaciones patronales en las políticas agropecuarias, fueron los gobiernos kirchneristas. Ninguno de los titulares del área provinieron de las filas de las asociaciones ruralistas, por el contrario procedían de la política santacruceña como Javier de Urquiza, de la tecnoburocracia del sector como Carlos Cheppi y Carlos Casmiquela o del peronismo bonaerense como Julián Domínguez. A pesar del mayor lockout patronal de la historia argentina, el gobierno nacional –aun cuando perdió en el legislativo la batalla por la resolución 125- no cedió a las presiones para reducir las retenciones a las exportaciones agrícolas y mantuvo una tenaz autonomía hasta el último día del segundo gobierno de CFK.

Con el triunfo del macrismo, todo cambió en apenas unos días.

Con el triunfo del macrismo, todo esto cambió en apenas unos días.

Luis Miguel Etchevehere, presidente de la SRA, estuvo a un tris de ser nombrado ministro de agricultura. Lo impidió Prat Gay. En su lugar asumió Ricardo Buryaile, ex Vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Ricardo Negri, su segundo en la cartera, viene de una larga trayectoria en la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA ).

Esto se reflejó también en el gobierno bonaerense, recientemente conquistado por el macrismo: el nuevo ministro de agricultura provincial es nada más y nada menos que Leonardo Sarquís, ex gerente de MONSANTO para Argentina, Paraguay y Uruguay, a cargo de la división de semillas transgénicas.

La primera decisión importante del gobierno, a cuatro días de su asunción, fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Una medida cuyo impacto fiscal para el 2016 se estimó en $ 60.000 millones (suponiendo un tipo de cambio promedio de $15 para el año y un incremento en las ventas al exterior de un 10%). A esto se sumó el levantamiento de las restricciones cambiarias y una brutal devaluación que promovió una fenomenal transferencia de ingresos al sector.

El macrismo no sólo protagoniza un drástico cambio de orientación de la política agropecuaria y de sus beneficiarios, sino además una tremenda destrucción de la capacidad del Estado para decidir sus políticas.

La pérdida de autonomía del Estado es letal, ya que quebranta la capacidad del gobierno de conducir la política sectorial, dejando en manos de los sectores económicos la orientación de la misma. La prueba está en que, a pesar de ser aliados en el nuevo bloque de poder, los agroexportadores siguen sin liquidar los dólares comprometidos con el gobierno, a la espera de una dólar aún más alto. Y en tanto los pequeños y medianos productores del sector quedan arrojados a la buena de Dios.

El macrismo no sólo protagoniza un drástico cambio de orientación de la política agropecuaria y de sus beneficiarios, sino además una tremenda destrucción de la capacidad del Estado para decidir sus políticas.

Nota de último momento: “Van por la caja, peligra la política. Tras el reemplazo del titular de la UCAR, las corporaciones rurales buscan controlar los millonarios recursos que administra. Su consecuencia podría ser el abandono de políticas públicas centrales para la agricultura familiar y regional.” (http://www.pagina12.com.ar/diario/e…)

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