Jubilados

Jubilados, las propuestas del macrismo bajo examen

Por Jorge Sotelo (Revista La Calle / Grupo Perú)

El gobierno acaba de anunciar dos importantes medidas en relación con los jubilados. La primera de ellas, el pago de las deudas por los juicios previsionales y el establecimiento de un reajuste automático de los haberes. La medida beneficiaría a unos 2,5 millones de jubilados que actualmente están cobrando menos de lo que les corresponde. La segunda, la aplicación de una pensión universal para adultos mayores de 65 años que no lograron completar los 30 años de aportes equivalente al 80% de la jubilación mínima.

Los anuncios no han abundado en detalles, pero algunos elementos posibilitan un análisis provisorio, al menos hasta que se conozcan los proyectos.

El pago de las deudas

El pago a jubilados de haberes que por ley les correspondían constituye indudablemente una buena noticia. La resolución definitiva de estas deudas fue uno de los temas pendientes del kirchnerismo, si bien la ANSES venía pagando entre 30 y 40 mil juicios al año, con sentencia firme, reduciendo la litigiosidad durante los últimos 5 años.

La iniciativa actual contempla el pago de juicios previsionales a unos 300.000 jubilados que iniciaron acciones contra el Estado, así como la eliminación de cualquier eventual diferencia de aquellos que aún no presentaron demandas. Ambos universos suman 2,5 millones de beneficiarios. El incremento será del 45% para quienes tengan sentencia firme y de 35% para el resto. El gobierno prevé un costo fiscal de 75.000 millones de pesos anuales que se solventará con dos fuentes: el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Dejemos de lado la primera, el blanqueo de capitales fugados es siempre odioso pero es una medida de política que puede justificarse. Concentrémonos en el Fondo de Garantía ya que éste es fundamental para asegurar la sustentabilidad del sistema y sostener el valor de las jubilaciones.

[Lo único que puede señalarse respecto del blanqueo es que no debería permitirse a los funcionarios del gobierno ni a sus socios acogerse al beneficio por evidente conflicto de interés, máxime cuando hay muchos funcionarios con cuentas offshore, incluido el presidente que acaba de agregar a su DDJJ casi 20 millones que aparecieron “de la nada” en una cuenta en Bahamas. Por otra parte, el discurso del presidente justificando la fuga con el argumento de que “no confiaban en el Estado” es altamente irresponsable.].

El futuro de las jubilaciones y el FGS

El FGS -cuyo manejo recibió tantas críticas de la oposición al kirchnerismo- se creó en 2008, luego de la recuperación del sistema jubilatorio, con 90 mil millones de pesos y cuenta hoy con 750 mil millones. Está compuesto por diversos tipos de activos financieros: títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, tenencias de plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, cédulas hipotecarias, entre otros.

La finalidad del fondo es atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público para preservar la cuantía de las prestaciones; pero también -en caso de evolución negativa de las variables económicas- atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional; oficiar de fondo de reserva para instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del sistema, entre otros. De modo que los recursos que integran el FGS son invertidos en distintas operaciones que permiten el desarrollo del mercado de capitales doméstico y el financiamiento a proyectos productivos. Está pensado para fomentar y promover el círculo virtuoso entre crecimiento económico e incremento sostenible de los recursos de la seguridad social.

Bueno, resulta que la propuesta del macrismo trae asociada la autorización para vender las acciones que el FGS posee en más de cincuenta empresas privadas sin pasar por el Congreso. Esta es una idea que el macrismo viene anunciando desde hace meses y que abre la puerta a un desfinanciamiento del fondo.

La propuesta trae asociada la autorización para vender las acciones que el FGS posee en más de cincuenta empresas privadas, sin pasar por el Congreso. 

Esto es un riesgo grave no sólo porque compromete la sostenibilidad del sistema sino también porque la cuantía de los recursos del FGS inciden en la actualización de las jubilaciones. Cualquier merma en el fondo deprime indirectamente el haber jubilatorio. En tal sentido, el anunciado pago de los juicios con recursos del FGS ocasiona el mismo efecto. Es por ello que, hasta el año pasado, la diferencia entre los ingresos y egresos de la ANSES se cubrían con fondos transferidos por el Ministerio de Economía para evitar utilizar el ahorro del FGS.

¿Cómo opera el mecanismo de actualización? La Ley 26.417, promulgada el 15 de octubre de 2008, aprobó una fórmula para la actualización de las jubilaciones que toma en cuenta tres factores para el cálculo:

RT: la variación de los recursos tributarios (para lo cual ANSES comparará semestres idénticos de años consecutivos).

w: la variación del índice general de salarios publicado por el INDEC o el índice RIPTE publicado por la Secretaría de la Seguridad Social, la que resulte mayor (es decir, el que más convenga al jubilado). En ambos casos comparando semestres consecutivos

r: la variación de los recursos totales de ANSES, respecto del año anterior

Si cualquiera de estos factores deja de crecer o disminuye, las jubilaciones van a ser cada vez más bajas

La venta de acciones de empresas del FGS a fondos de pensión internacionales, ya anunciado en octubre por el ahora ministro Francisco Cabrera con el argumento de no intervenir en la vida de las empresas (http://www.lanacion.com.ar/1739901-…), e incluso el pago de las deudas a los jubilados, reducirán “r”!!!

La eliminación de las retenciones (agropecuarias y mineras) y la recesión inducida para controlar la inflación impactan negativamente en “RT”!!!

La reducción salarial en marcha, para ganar competitividad y aumentar la rentabilidad empresaria, disminuirá “w”!!! 

Al riesgo entonces de tener menos espaldas para garantizar la sustentabilidad del sistema, se suma el riesgo (¿u objetivo?) de deprimir los haberes jubilatorios.

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La pensión universal para mayores de 65 años

Esta propuesta también suena interesante. Va en la línea de asegurar ingresos mínimos universales. Y, de algún modo, es sorprendente ver al macrismo en esa opción. La Argentina tendría a los menores cuyos padres no están insertos en el mercado formal de trabajo cubiertos por la AUH y a los ancianos que no realizaron aportes cubiertos por la pensión propuesta.

La política social del kirchnerismo evolucionó -durante el primer período de gobierno (el de Néstor)- de un modelo cuyo foco se situaba en la política asistencial, propia de los estados neoclásicos[1], a una política social centrada en el trabajo, propia de los estados sociales. El énfasis en el trabajo como categoría central para asegurar la protección social radica en la premisa de que no hay trayectoria que genere más empoderamiento para salir de la vulnerabilidad social que la de la incorporación al mercado de trabajo formal: se accede a la cobertura de la seguridad social, a la posibilidad de tener representación sindical y, por ende, a la negociación colectiva de las condiciones salariales y laborales.

Quizá la persistencia del trabajo no registrado y la dificultad para romper el piso del 30%, a pesar de todos los avances que hizo el kirchnerismo, convenció a Cristina Fernández acerca de la necesidad de orientar el foco de la política social en otro sentido para evitar el riesgo de un impacto segmentado en beneficio exclusivo de quienes pertenezcan al sector formal, lo que resultaría funcional a la cristalización de la división entre incluidos y excluidos.

En este punto, la política de protección social del kirchnerismo se volvió innovadora y exploró nuevas combinaciones apartándose del principio contributivo, a efectos de incorporar efectivamente a todos los ciudadanos a la garantía pública de un conjunto de servicios básicos socialmente definidos como relevantes. En nuestro país las prestaciones de la seguridad social funcionaron históricamente bajo el principio contributivo: el elemento no contributivo de la protección social estuvo compuesto por las prestaciones no monetarias (asistenciales y, en mayor medida, servicios sociales sectoriales). Esto varió, sin embargo, con el salto formidable que se produjo en la cobertura de jubilaciones y pensiones a través del Plan de Inclusión Provisional y con la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo.

De acuerdo a la tipología planteada por Titmuss, la política desarrollada por el kirchnerismo, decidida a alejarse del modelo residual de política social, se encuentra en tensión entre el modelo institucional corporativo y el modelo institucional redistributivo. No sólo por la heterogeneidad de sus instrumentos de política, sino porque incluso el propio discurso oficial subrayó la expectativa de que el trabajo asalariado se convirtiera en el mecanismo principal de realización de la ciudadanía social, lo que implica un basamento en el principio contributivo, tanto como en la redistribución del ingreso operada a través de prestaciones de carácter universal basadas en derechos ciudadanos desvinculados de las cotizaciones o aportes.

¿Debería entenderse la propuesta del macrismo de una pensión universal -no contributiva- a mayores de 65 años como un logro de la historia de las políticas sociales, por así decirlo de su path dependency? ¿O bien como un retroceso?

El ingreso propuesto es equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima. En los últimos años, los planes de moratoria permitieron alcanzar al 97 % de los adultos en edad jubilatoria (los incorporados en los últimos años fueron más de 2 millones de personas). Los que quedaron afuera, sin embargo, cobrarían ahora menos que la mínima!

Y no volverán a haber moratorias porque la propuesta comporta el anuncio (ya adelantado a fines del año pasado) de erradicar este mecanismo, lo cual lejos de ser una medida justa, es discriminatoria con el 34% de trabajo en negro que tiene nuestro país y que en el futuro sólo alcanzará a una retribución más baja que la mínima.

Esto en realidad constituye un retroceso para un país que durante el kirchnerismo alcanzó el índice de cobertura jubilatoria más alto de América Latina.

Queda ver que pasa con otro retroceso prometido: el incremento de la edad jubilatoria.


[1] Una política social que gestiona la flexibilización y precarización del empleo formal, la transformación de los seguros sociales y las instituciones universales en cuasimercados estratificados por ingresos, y la expansión de los dispositivos de detección de, intervención sobre, y neutralización de los conflictos provenientes de los grupos de riesgo. (Andrenacci, L. y Repetto, F. (2006) “Universalismo, ciudadanía y Estado en la política social latinoamericana”. Mimeo, INDES, Washington, D.C.)

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