El estado policial II

Represión a maestros: estado policial y modelo económico

 

por Jorge Sotelo (Grupo Perú)

Desde el inicio del gobierno de Macri, denunciamos en esta revista la paciente estructuración de un Estado Policial en la Argentina. Los primeros indicios fueron la brutal represión a los trabajadores de Cresta Roja que reclamaban por su fuente de trabajo, el ataque a tiros a los empleados de la Municipalidad de La Plata que protestaban por 4000 despidos, la detención arbitraria de Milagros Sala, la práctica de revisar cuentas de mails y twitter de los empleados para detectar posicionamientos políticos o adscripciones ideológicas, entre otros. Completan el cuadro la Emergencia en Seguridad y sus gravísimas prerrogativas a las fuerzas represivas, el anticonstitucional Protocolo Antipiquetes que limita la libertad de prensa y criminalizar la protesta ciudadana, el recrudecimiento del hostigamiento represivo a organizaciones sociales, militantes políticos, activistas juveniles, murgas y comedores barriales…

Un Estado Policial es aquel en que el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad civil, a través de mecanismos de vigilancia y acciones represivas, poniendo en riesgo o suprimiendo las libertades civiles. Es inherentemente antidemocrático, sin embargo, el tránsito de la democracia al autoritarismo puede transcurrir dentro del Estado de Derecho y del ejercicio de un gobierno elegido por el voto ciudadano.

Estos procesos de transformación del Estado no sólo involucran al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, requiere también que una parte importante de la sociedad civil participe del clima represivo. En la construcción de ese clima se enmarca la persistente labor de los medios y del gobierno por deslegitimar a las asociaciones de trabajadores y sus reivindicaciones laborales, cuyo delirio autoritario máximo se expresa en la voluntad de la Gobernadora Vidal de retirarle la personería jurídica a los gremios docentes.

El intento de poner en discusión las luchas por los derechos humanos surgidas en la dictadura, los debates instalados por funcionarios de gobierno sobre el número de desaparecidos o el resurgir de la teoría de los dos demonios debe ser entendido en ese marco.

Ese clima se observó, en parte, en la Marcha del 1A. Una importante y legítima concentración (25 mil personas sólo en Buenos Aires, según el Gobierno de la Ciudad) de apoyo a un gobierno de derecha electo por el voto ciudadano, pero en la que –no podía ser de otra manera- había mucha gente pidiendo represión y reivindicando la dictadura militar.

No obstante, no se puede entender la paciente construcción de un Estado Policial sino como función del proyecto económico. Esto es lo que ha quedado claro con la represión de anoche a los docentes que, de manera pacífica, sin cortar calles ni entorpecer el tránsito, intentaban montar una escuela itinerante frente al Congreso como modo de protesta diferente a los paros tan reprochados por su efecto sobre los alumnos y sus familias. Esta iniciativa es similar a la carpa blanca que los gremios docentes instalaron en el mismo lugar por un lapso de dos años durante el gobierno Menem. Hicieron bien las redes sociales en recordarnos, además, que el propio PRO organizó la misma carpa en el mismo lugar, en 2013, para reclamar ante el gobierno de Cristina Kirchner que respetó con democrática actitud la protesta.

Hemos dicho también en estas páginas cuando comenzó el gobierno de Cambiemos que, por las características, de su política económica, los conflictos más importantes iban a ser con los sindicatos y no con los movimientos sociales. En un gobierno neoliberal, la política social vuelve a ser concebida como residual y hay disposición a poner recursos en iniciativas puntuales que, por otra parte, necesitan de los movimientos sociales organizados para ser instrumentadas. Esto explica las buenas relaciones entre Stanley y los movimientos sociales que tan nerviosos ponen a muchos compañeros.

Sin embargo, más allá de la recesión inducida, los escalofriantes tarifazos y la brutal inflación que afectan todo el mundo, el feroz ataque a las pymes (que contabiliza la negra cifra de 30.000 establecimientos cerrados en un año, según datos de Asociación Pyme y FEDECAMARAS) y la obsesión por bajar el costo laboral enfrenta directamente al gobierno con los sindicatos de trabajadores.

El gobierno sabe que, como dice Max Urtizberea, a un maestro no se le pega (http://www.lanacion.com.ar/897593-pegarle-a-un-maestro), pero la cuestión es que el caso de los docentes es un caso testigo. El gobierno comprende que en cualquier momento se abre la compuerta de la represa y el descontento de los trabajadores puede expresarse ferozmente. También lo saben los dirigentes sindicales de la CGT que a esta hora evalúan qué hacer, ya que el equilibrio es una tarea cada vez más difícil.

Según los datos de la Fundación FIEL, el costo laboral por hora en Argentina es actualmente de 15,09 dólares (había sido de 16,36 dólares en 2015), mientras que en Brasil es de 10,56 dólares y en México de 7,65 dólares. Macri tiene mucho trabajo por hacer y sabe que sólo lo puede hacer con palos. Por eso Patricia Bullrich y Gerardo Milman impulsan la compra de armas sofisticadas de represión, infiltran las movilizaciones para estudiar patrones organizativos y se disponen a desarticular la logística de transporte de los trabajadores a las marchas.

Son medidas complementarias de política económica.

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