Homo Corporativo

EL “HOMO CORPORATIVO” ¿RETORNO A LOS NOVENTA?

Por Horacio Cao, Arturo Claudio Laguado Duca y Maximiliano Rey (para Revista La Calle)

A fines de 2015, la editorial Prometeo publicó “El Estado en cuestión. Ideas y política en la Administración Pública Argentina 1960-2015″, un libro de Horacio Cao, Maximiliano Rey y Arturo Laguado que ofrece un recorrido histórico a través de los paradigmas que más influencia ejercieron en la organización estatal, examinando el rol asignado al Estado y los modelos de gestión promovidos en cada momento histórico. La publicación despertó un gran interés del público al punto tal que su primera edición se agotó en pocos meses. Sus autores comparten hoy con Revista La Calle consideraciones originadas en hechos que sobrevinieron pocos días después de su publicación: el triunfo de la Cambiemos y sus primeras medidas de gobierno. Estas reflexiones formarán parte de la nueva edición ampliada de pronta aparición.

Por una serie de razones que no corresponde analizar en este sitio, varios de los gobiernos nacional populares de la región están encontrando severas dificultades: la derrota electoral del kirchenrismo en la Argentina, el éxito de la desestabilización del gobierno del PT en Brasil y la profunda crisis que sacude a Venezuela son ejemplos de un aparente cambio de en las tendencias regionales[1].

Es un poco prematuro afirmar cuál será el nuevo signo de los tiempos, pero no hay duda que las ideologías de cuño neoliberal son las que están a la ofensiva ¿Significa esto un retorno a las formas de Estado que primaron durante las últimas décadas del siglo XX? ¿Asistimos al retorno del homo consultor y del homo participem?

No sobra repetir que sólo con la evolución del proceso histórico podremos saberlo a ciencia cierta; es ya un lugar común entre los cientistas sociales afirmar que el pájaro de Minerva levanta vuelo al caer la tarde. Pero, aunque sólo han pasado seis meses desde que se produjo el relevo en la presidencia argentina, algunas tendencias ya son visibles. Vale la pena agregar, en todo caso, que más allá de las ideas y planes de los gobernantes, la lógica de las cosas nunca responde perfectamente a las estrategias previstas que, en los países citados, parecen dirigirse a reconstituir la preeminencia del mercado como guía clave de los procesos sociales.

En efecto, la nueva forma estatal que tiende a implementarse remite a la utopía liberal, representada en novelas del tipo La Rebelión de Atlas[2]. En esta línea repite algunos de los pasos desplegados en los ’90, cuando no sólo limita la capacidad reguladora del Estado -por ejemplo, con la desarticulación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)- sino que se desfinancia por propia decisión (p.e. supresión o disminución de retenciones a las commodities)[3].

En esta tarea el nuevo gobierno ha mostrado una enorme capacidad de resolver situaciones en la superestructura, al alinear el poder estatal con el de los actores sociales a quienes convencionalmente se denomina “poder fáctico”, dando la imagen de una aplanadora que resuelve temas como el de los fondos buitre o los de la ley de medios.

En este último caso no deja de ser patética la asimetría entre la fatigosa y dilatada campaña por construir un marco regulatorio de los medios de comunicación de masas, sin lograr nunca el pleno funcionamiento de esta normativa -lo que implicó un continua labor durante seis años dirigida a garantizar una masiva participación de la sociedad civil, aprobación legislativa, desmonte de amparos y otras estrategias judiciales de cesación, declaración de constitucionalidad, organización del organismo de control y regulación, etc.- y su desmonte en menos de una semana mediante un decreto de necesidad y urgencia.


El Homo Corporativo
[4]

En Argentina, diferentes comentaristas han calificado al gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015 en cabeza de Mauricio Macri como una ceocracia[5]. El calificativo surgió como resultado de la composición del gabinete que acompañó al nuevo presidente, en donde proliferan cuadros venidos de los niveles gerenciales de varias de las principales empresas que operan en el país.

El Cuadro Nº 1 ilustra este fenómeno teniendo en cuenta los nombramientos ocurridos en los primeros veinte días de gobierno. Esta tendencia será aún más marcada en los meses subsiguientes.

Cuadro Nº 1

Funcionarios de la APN e instituciones de las cuales provienen

Procedencia Total funcionarios Principales instituciones
Cantidad %
I – Administración Pública 29 27,9 Gobierno de la CABA (14), Cámara de Diputados (4), gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y el Chaco (1 cada uno), ex funcionarios menemistas de Energía y Minería (2), SIGEN (1), SEDESA (1), etc.
II – Representaciones directas del capital 40 38, 5
Bancos trasnacionales y empresas extranjeras 31[6] 29,8 JP Morgan y Shell (3 cada uno); HSBC, Deutsche Bank, Pan American Energy y Telecom (2 cada uno); Telefónica, Total Wintershall Energía, ICBC,
Goldman Sachs, General Motors, Edenor, Edesur, DirecTV, Axxion, LAN, Thomson Reuters, Compas Lexecon, Citibank, L’Oreal, Citi y Duke Energy (1 cada uno)
Grupos económicos locales 7 6,7 Techint (2), Banco Galicia (2), Grupo Pegasus (2), Arcor (1)
Otras fracciones del capital y firmas sin identificar 2 1,9 Dietrich (1), Food Arts (1)
III – Representaciones indirectas del capital (auxiliares) 35 33, 7
Cámaras empresariales 13 12, 5 AACREA (3), COPAL (2), CRA (2), UIA (1), IAPG (1), ADEEDRA (1), APROGAN – CAIDIRA (1), CADIM (1), Feedlot (1) – (*)
Fundación y consultoras 11 10,6 CIPPEC (3), Estudio Montamat (2), Consultora M&S (1), Economía y Regiones (1), CIECTI (1), Di Tella (1), Barimont (1), Infortambo (1)
Estudios jurídicos, contables y financieras 11 10, 6 Estudios Amadeo (1), Bruchou, F. Madero y Lombardi (1), Casagne (1), Cortés e Ibelli (1), Leguizamón, Alonso y Asoc (1); Oliva, Dondo y Nicastro (1), Reinke (1), Cia. Inversora Latinoamericana (1), Garrido y asoc. (1), Lacoste Soc. Bolsa (1), Tilton Capital (1)
IV – Total 104 100,0

Nota: (*) Los nombres completos de las instituciones son Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola; Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios; Confederaciones Rurales; Unión Industrial; Instituto del Petróleo y el Gas; Asociación de Energía Eléctrica; Asociación de Productores de Granos; Cámara de Agentes Independientes de Inspección; Colegio de Ingenieros de Minas y Cámara de Feedlot. 

Fuente: Página/12, La madre de todas las batallas. Domingo, 14 de febrero de 2016

Obviamente el primer dato que salta a la vista es la gran cantidad de cuadros provenientes de puestos directivos en la empresa privada que pasaron a ocupar altas posiciones de gobierno. Pero, para una descripción completa del panorama, debería agregarse que la conducción de las “áreas blandas” -Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo, etc.- se asignó a políticos profesionales pertenecientes al espacio político del Presidente. Muchos de estos cuadros lo acompañaron en su gestión previa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo común, que tengan vinculaciones estrechas con diferentes ONGs, hacia las cuales han tercerizado parte de la gestión de la que son responsables.

Transpolar la alta gerencia privada a la función pública no es sólo un fenómeno verificado en el Estado nacional, sino que parece ser inherente a la concepción de la gestión del partido gobernante. También en la provincia de Buenos Aires –regida por la antigua Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión Macri- se repitió esta tendencia: el Ministerio de Asuntos Agrarios fue asumido por un ex gerente general de la división semillas de Monsanto-Argentina; el ministerio de Trabajo por un director general de Capital Humano en Telecom Argentina, la presidencia de IOMA (obra social de empleados públicos, docentes y policías) por el, hasta entonces, director ejecutivo de la Cámara de Droguerías; por último, Arba –el ente recaudador de la Provincia- por un antiguo director de una empresa de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal de multinacionales[7].

Ahora bien, la caracterización del nuevo gobierno en Argentina como ceocracia va más allá de los nombres, puesto que tiene que ver con la misma concepción de Estado, de su función y de las habilidades consideradas necesarias para su gestión. En ese sentido, creemos que estamos ante un modelo de gestión con puntos de contacto, pero también con diferencias, con el que primó durante los años ’80 y ’90 del siglo pasado.

En principio podría decirse que este fenómeno de cooptación de directivos de las corporaciones privadas por la función pública, no es tan extraño en nuestro subcontinente, configurando esa peculiar forma de estatalidad latinoamericana a medias entre el enraizamiento -en el sentido en que Evans (1996) otorga al término- y la franca colusión[8].

Pero, y siempre basándonos en lo observable en los primeros meses de la gestión de gobierno, la cantidad y el lugar institucional hace entrever que el sentido de estos nombramientos es otro.

Francis Bacon
Francis bacon

Hay dos aspectos que querríamos resaltar del homo corporativo. En primer lugar, y emparentados con modelos pretéritos de la nueva gerencia pública, su origen en el sector privado lo convierte en la expresión personificada de la eficiencia, sin necesidad de pasar por los complicados manuales de adaptación de la gestión privada a la pública que fueron tan valorados en los años de la reingeniería.
En la versión idílica de este homo corporativo, a partir de su vivencia de la competencia mercantil, habría adquirido criterios de racionalidad económica como guía de sus acciones, sin estar contaminado con la política que, en esta visión, sólo es la expresión de intereses corporativos generadores de obstáculos al funcionamiento pleno del mercado. Esta condición existencial le permitiría, además de conocer los caminos más eficientes, evitar el ruido político que impediría la coordiación entre las diferentes acciones del Estado, facilitado el trabajo en “equipo”. Vale decir, la traspolación de sinergias de la corporación privada -tal como se imagina su funcionamiento- al ámbito público a contramano de las demostraciones de que también ésta es un “espacio social” (Etkin, 2000) en el cual los diferentes intereses se contraponen unos a otros y no siempre se resuelven por mecanismos de consenso.

La exclusión deliberada de la componenda política, criticada como oscura y arbitraria lleva, en la práctica, a que las demandas de los sectores sociales no coincidentes con las iniciativas oficiales, no tengan otra opción que acomodarse al sendero trazado por éstas, aun cuando se apele a un relato basado en el diálogo y la cordialidad[9].

En esta lógica el Estado es reducido a su lado institucional, despreciando sus aspectos en tanto relación social y, por tanto, instituyente de las relaciones políticas.

Pero, en segundo lugar y esto es lo novedoso, el enraizamiento que propone la ceocracia, más que una alianza con el capital nacional, residiría en la capacidad que tienen los cuadros del mundo económico para generar negocios desde el Estado.

Este es el plus que tendría el homo corporativo sobre el liderazgo más convencional que describen los manuales de la nueva gerencia pública y que hemos resumido bajo la figura de homo consultor. Estos cuadros no sólo habrían demostrado que pueden liderar equipos de trabajo, sino también de conducir la nave pública de forma tal que genere una estela de emprendimientos rentables.

Con este tipo de razonamiento, el homo corporativo responde a las denuncias que se le hacen acerca de incompatibilidad de funciones e intereses que, por ejemplo, tendría el ex CEO de una petrolera de origen holandés asumido como Ministro de Energía[10]. En el esquema de pensamiento descrito las contradicciones se disolverían: tanto la empresa como el Estado construyen oportunidades de negocios; la primera porque es su razón de ser, el segundo porque en la medida en que mayores sean las ganancias, mayores será el excedente y las inversiones.

Más allá de la teoría, las ideas puestas en funcionamiento han comenzado a mostrar, en estos pocos meses, algunas limitaciones. Por un lado, los nuevos gerentes rápidamente descubrieron que las lógicas de la Administración Pública no se deben principalmente a ineficiencia o pesadas ataduras institucionales, sino a un complicado pero necesario sistema de pesos y contrapesos en el sistema público (oficinas legales, circuitos administrativos, lógicas de los expedientes…) muy diferente del privado[11]. El resultado es que la agilidad preconizada terminó girando en el vacío, con pocos los logros administrativos para mostrar exceptuando, quizás, el despido de agentes públicos.

Este podrá ser un tema menor, superable con el transcurso del tiempo y la acumulación de experiencia… o un problema grave, que establece un hiato con el decisionismo superestructural (la aplanadora que describimos más arriba), marcándole inclusive límites. Esta falta de capacidad de realizaciones es especialmente contradictoria con el primer mandamiento de la ceocracia, cuya razón de ser es justamente su eficiencia, por lo que si repite la exasperante incapacidad de gestión del gobierno de la Alianza (1999/2001), habrá traicionado su esencia.

Más definitoria aún puede ser la infravaloración del componente político en la concepción de la estatalidad. Como se ha adelantado, la perspectiva técnica, aun cuando eficiente en sus propios términos, carece de la imprescindible sensibilidad al juego político y a la capacidad de dar cuenta del ambiente reinante en la sociedad. Sin tal tacto político y social, la tarea de legitimación es delegada, prioritariamente, en los medios de comunicación amigos.

A dicha misión se la apoya presentándose como un gobierno despolitizado, que apunta a solucionar los problemas de la gente sin anteojeras ideológicas y enunciando la vocación de sus máximos dirigentes por alimentar un país con menos disputas, más consensual y pluralista.

No sobra mencionar, sin embargo, que esta tarea estaría llamada al fracaso si no se contara con la decidida toma de posición política pro-gobierno de un amplio sector del Poder Judicial. La desembozada toma de partido de este poder del Estado -prestándose al juego mediático con allanamientos previamente informados a la prensa o imputaciones con poco fundamento- redunda en un incremento de la debilidad institucional que contradice el discurso republicano con que asumió el proyecto liderado por el presidente Macri.

La real eficacia de estos intentos legitimadores se podrá evaluar rigurosamente más adelante. Sin embargo, se puede avizorar que en contextos más turbulentos que los propios de la “luna de miel” inicial, estos recursos pueden no alcanzar para desplegar la tarea de legitimación puesto que la aquiescencia social también se define en los mecanismos representativos y en los procesos de movilización social propios de la política, más allá el importante rol que juegan los mass-media. Adicionalmente, recostarse en demasía sobre estos es riesgoso: no hay que ir muy atrás en la historia para observar sus volteretas e inconsecuencia.

Al mismo tiempo, como las pujas de poder se filtran aún dentro de un grupo social relativamente homogéneo, ya sea por frívolas peleas de cartel, por discrepancias conceptuales o por más sustanciales intereses económicos tangibles, las desconfianzas y disputas al interior del elenco gubernamental no se hicieron esperar.

Por ejemplo, ya desde los inicios mismos del gobierno, el Ministro de Hacienda y Finanzas tuvo encontronazos con sus pares de Interior, de Energía y principalmente con el Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por no mencionar que uno de los economistas predilectos del Presidente -nombrado en el Banco Nación (BNA)- sostiene, a través de voceros oficiosos, la naturaleza errada de la orientación económica del gobierno. Estos hechos resaltan la dificultad de transferir la lógica empresarial no solo al modo de funcionar del aparato estatal sino, también, a la propia práctica en el ámbito público de aquellos exitosos exCEOs .

Paralelamente, el más “político” de los ministros – el el Interior- y sus aliados en el congreso se encargan de obtener gobernabilidad con base en las herramientas que históricamente ha tenido la nación para disciplinar a los gobernadores, en particular en los momentos de recesión, cuando las provincias precisan más que nunca de los giros del gobierno nacional[12]. El escenario guarda algunas semejanzas con los ’90 -otra más- entre un ala más doctrinaria que recoge el apoyo del mercado y los factores de poder, en aquél momento liderada por el Ministro Cavallo, y otra que busca darle sostén partidario y amortiguar los costos sociales.

Seamos modernos… una vez más

En lo referido a la estructura y funcionamiento del aparato estatal, deben notarse primordialmente dos cuestiones:

En primer lugar, a contramano de un discurso caro a la nueva administración, consistente en ponderar un tipo de Estado no muy extendido y lo menos politizado posible, en estos primeros meses se ha ampliado el número de ministerios (con sus consiguientes nuevas secretarías, subsecretarías y direcciones) y se ha elevado el peso de los cargos directivos en el total.

Mientras hacia el final del gobierno anterior existían diecisiete ministerios, la Ley de Ministerios del nuevo gobierno[13] contiene veintiuno, siendo los cuatro nuevos Ambiente y Desarrollo Sustentable, Comunicaciones, Transporte y Modernización (que previamente tenían rango de Secretaría o incluso Subsecretaría).

Más allá de las transferencias de ciertas secretarías de un ministerio a otro, lo remarcable es que el incremento de cargos directivos no se debe sólo al ascenso de rango de dependencias (de Secretaría a Ministerio, con la consecuente suba de sus “ravioles” posteriores), lo cual ya de por sí contradiría la crítica a la politización de que hace gala el gobierno, sino a la ampliación de este tipo de funciones en ministerios ya existentes en el gobierno previo.

El caso paradigmático, y que a efectos de nuestro tema adquiere gran importancia, es el Ministerio de Modernización. Como se dijo, esta nueva cartera nació de la jerarquización de la Subsecretaría de la Gestión Pública (antaño bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros) y se la dotó de cuatro Secretarías y nueve Subsecretarías, estructura y gasto muy superior a las tres direcciones que tenía previamente. El ministerio de Seguridad adquirió una lógica similar. En todo caso, más allá de los casos individuales, la comparación entre la vieja y la nueva estructura gubernamental muestra que hubo un marcado aumento de la misma: se pasó de sesentaicinco a ochenta Secretarías y de ciento sesenta y siete a ciento noventa y seis Subsecretarías.

Cabe agregar que esta politización, vía creación de cargos que no son seleccionados según los métodos previstos por la institucionalidad meritocrática de la carrera burocrática sino por designación política, se da al mismo tiempo que se descontinúan programas de diversos ministerios, de impacto directo o indirecto en la población.

En segundo lugar, en lo referido a la gestión estatal el gobierno ha hecho una apuesta creando el ya mencionado Ministerio de Modernización a partir de las históricas áreas de Gestión Pública.

Este ministerio fue el encargado de desarrollar el Decreto 434/16 que establece el Plan de Modernización del Estado, cuyo fin es el de incorporar las formas modernas de gestión y, especialmente, las nuevas tecnologías.

Según el citado decreto, los objetivos del Plan son:

  1. a) Construcción de una administración pública al servicio del ciudadano y orientada a la gestión por resultados;
  2. b) Desarrollo de una gestión transparente y con canales efectivos de comunicación, participación y control ciudadano;
  3. c) Promoción y fortalecimiento de las nuevas TICs;
  4. d) Creación de estructuras organizacionales articuladas con planeamiento estratégico, reingeniería de procesos, monitoreo de gestión y rendición de cuentas por resultados,
  5. e) Profesionalización y jerarquización de los empleados estatales, y
  6. f) Articulación con provincias, municipios y otros poderes del EstadoEl plan de modernización tiene puntos de contacto con su antecesor -aprobado en enero de 2001- moviéndose en direcciones paralelas a aquel: participación, transparencia, desregulación y modernización.

Emparentado con las visiones sociocéntricas, un lugar clave del plan es ocupado por la rendición de cuentas y la gestión de la información que produce el Estado, que en la versión 2016 incorpora la influencia conceptual del llamado “gobierno abierto”. En esta línea también se observa la permanencia de las ideas de gestión por resultados, reingeniería de procesos, planificación estratégica, eficientización de los controles, etc.

Francis Bacon

Otro elemento de contacto con el Plan de Modernización del año 2001 es la idea de sumar a las provincias. En aquél año, la 2ª Asamblea del Consejo Federal de la Función Pública, a instancias del gobierno nacional aprobó el “Pacto Federal de Modernización del Estado” que convocaba a las provincias a conformar un “Consejo Provincial para la Modernización del Estado” y las comprometía a realizar tareas concretas para las que ofrecía financiamiento. Su implementación quedó trunca por la caída del gobierno en diciembre de ese año y el cambio en la orientación que las nuevas autoridades dieron al tema[14].

En todo caso, el centro de gravedad de los procesos de modernización parece dirigirse a la incorporación masiva de las TIC’s a la gestión pública, instancia que también está presente en otros documentos y acciones desplegados por la gestión recientemente asumida.

Así, se rediseñó el sitio web que informaba sobre las acciones de la presidencia (http://www.argentina.gob.ar) para transformarlo en un portal de trámites ciudadanos, en el cual se encuentre reunida la información sobre una amplia variedad de trámites correspondientes a diversas dependencias de la APN. En dicho portal se pueden iniciar las gestiones que posean tramitación en línea y se obtiene referencias sobre aquellos que sean presenciales.

En la misma senda se instrumentó el sitio web Datos Argentina (www.datos.gob.ar), el cual es una de las muestras más fuertes de la lógica del “Gobierno abierto”, pues vierte al acceso público una serie de datos del funcionamiento cotidiano del Estado. Aquí figuran desde el organigrama del conjunto de la APN hasta las audiencias públicas de los funcionarios, pasando por otra información sensible para el control y participación de la ciudadanía como son las declaraciones juradas del elenco político, las convocatorias del sistema de compras y contrataciones, las adjudicaciones y las solicitudes de acceso a la información.

Pero, tal vez, el proceso clave en este sentido esté dado por la implementación del “expediente electrónico” o Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que permite suplantar el expediente en soporte papel, a partir de la utilización de firma digital y la circulación de la gestión por la vía digital/informática. El sistema se basa en los mismos programas y códigos fuentes del sistema electrónico que la gestión del actual Ministro de Modernización de la Nación había implementado en su paso por el mismo puesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como se ha manifestado reiteradamente, es demasiado pronto para hacer juicios concluyentes sobre la evolución de la gestión liderada por el homo corporativo. A grandes rasgos, en lo hasta ahora desarrollado, por un lado, se retoman los postulados de la Nueva Gerencia Pública, enfatizando la gestión por resultados y la eficiencia gerencial, y por otro se adoptan los principios de la gobernanza, en tanto se postula fuertemente la necesidad de abrir el Estado a la participación ciudadana.

No sobra destacar que esta propuesta de datos abiertos, si bien ha sido implementada en América Latina por los gobiernos de cuño neoliberal, no es inherente a este tipo de administraciones. No existe ningún motivo teórico que impida que otros modos de regulación lo pongan en el centro de su agenda, aunque, justo es reconocerlo, el énfasis en la eficiencia y la filosofía individualista que guía a los proyectos neoliberales, proporciona una mayor afinidad electiva con este tipo de iniciativas. El tiempo dirá si este nuevo ciclo de cambios se muestra apropiado para actualizar el Estado y hacerlo funcional al proyecto político elegido por la ciudadanía.


Los autores

Horacio Cao – Doctor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, administrador gubernamental, Lic. en Ciencia Política, Mg. en Alta Dirección Pública del IUOG (España).
Maximiliano Rey – Doctor en Ciencia Política y profesor universitario.
Arturo Laguado Duca – Doctor en Ciencias Sociales, Mg. en Sociología Política, antropólogo y sociólogo, profesor titular de la UNLaM.

[1] No todas son señales de cambio, también hay continuidad: la fortaleza del gobierno encabezado por Evo Morales (a pesar de su traspié en el referéndum para permitir su reelección), la pervivencia trabajosa pero con futuro alentador del gobierno ecuatoriano y nicaragüense y la situación estable en Uruguay.

[2] La Rebelión de Atlas es una novela del escritora estadounidense Ayn Rand –publicada en 1957- que construye una apología del individualismo antiestatista, constituyéndose en un libro de culto para los sectores enemigos de toda intervención estatal. El presidente Mauricio Macri lo ha señalado en reiteradas ocasiones como su libro de cabecera. Entre otros se puede consultar La Nación, 23 de septiembre de 2007, “¿Quién le teme a Ayn Rand?”, http://www.lanacion.com.ar/946337-quien-le-teme-a-ayn-rand

[3] Ver proceso paralelo en segunda parte del libro

[4] La denominación de Homo Corporativo nos fue sugerida en una charla informal por Daniel García Delgado, a quien nuevamente agradecemos

[5] Entre ellos un artículo publicado en la Revista Anfíbia por dos de los autores de este libro (Cao y Rey, 2016)

[6] Observaciones posteriores (Página/12, Wall Street en la Casa Rosada. Domingo 22 de mayo de 2016) marcan que sólo del sector financiero externo provienen veintisiete funcionarios de alto rango. Si bien excede la temática aquí tratada, no podemos dejar de hipotetizar una afinidad electiva entre la participación tan extendida de gerentes de bancos de origen internacional y el inicio de un modelo de valorización financiera.

[7] Datos tomados de Krakowiak, Fernando; Página 12, 3 enero de 2016, www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/289451-76000-2016-01-03.html, consultado 4/1/16).

[8] Para el caso colombiano ver Laguado Duca (2006) y Echeverri Uriburu (1987)

[9] Un ejemplo paradigmático de esta concepción y su posterior choque contra la pared, tanto por quién la dice, cómo lo dice y qué factores describe, radica en las palabras de Isela Constantini (Ex CEO de General Motors Argentina y puesta al mando de Aerolíneas Argentinas) frente a un auditorio empresarial: “Dentro de una empresa es natural que llegue alguien que es el jefe de tu jefe y te diga que vas a tener que ajustar. Uno dice ‘okay’ y no lo toma en pánico (…) pero en el mundo de la función pública cualquier palabra puede ser utilizada contra cualquier persona dentro del sector o dentro del Gobierno” (www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/2/7056-hacen-foco-en-constantini.php#.VzTTjeSYF2A).

[10] Este y otros casos son la comidilla de la prensa opositora. Ver, por ejemplo, la nota de Página 12 “El país atendido por sus propios dueños” www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-289451-2016-01-03.html

[11] Ya a fines del siglo pasado, Carlos Matus escribía un libro editado en Argentina en 2008, en el cual notaba que “al interior de la empresa privada la gobernabilidad es muy alta y el peso de la argumentación costo-beneficios es mucho más fuerte y simple que la relación consto-beneficio en el ámbito público. La fricción burocrática es mucho menor, así como la libertad para contratar, fijar remuneraciones y precios, reorganizar y concebir proyectos futuros”. Este elemento junto con la diferencia en la vocación y valores y en el ámbito de experiencia y formación intelectual constityen para el autor las tres raíces de “la inadecuación del gerente privado a la función pública” (Matus,2008: 88-89).

[12] El federalismo fiscal argentino está organizado a partir de transferencias financieras desde la Nación hacia las provincias. Una actualización de esta problemática, largamente tratada por el periodismo y la academia, puede verse en Cao, Iñiguez y Otero (2016).

[13] Según las modificaciones hechas por el Decreto 13/2015 (P.E.N.) del 10 de diciembre de 2015, el Decreto 223/2016 (P.E.N.) del 19 de enero de 2016 y demás decisiones administrativas de aprobación de la estructura organizativa de cada ministerio.

[14] La Asamble que aprobó el Pacto Federal de Modernización fue realizada en San Miguel de Tucumán el 14 y 15 de junio del año 2001. El acta de aprobación puede verse en https://www.cofefup.gob.ar/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=413, consultada el 15/5/2016. Luego de la caída del gobierno nacional en diciembre de 2001, el Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP) recién volvió en el año 2007.

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1 comentario en “EL “HOMO CORPORATIVO” ¿RETORNO A LOS NOVENTA?Comentá →

  1. Muy bueno. Creo que la diferencia con los 90 es clara, no había un país en llamas. Pareciera que ya no precisan de la política para dominar, les bastó con una buena campaña de marketing y la interna peronistas. Sobre la modernización de la administración, era hora. Lástima que no se hizo antes…

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